¡SAS[1]!, SE
ROBARON LA TIERRA
Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
El siguiente
documento pretende dar cuenta, a manera de reseña, del contenido del libro que
Wilson Arias Castillo publicó recientemente, y en el que hace serias denuncias
sobre el acaparamiento de tierras en la altillanura colombiana.
El autor de esta
reseña considera de gran valor académico y político el contenido del libro Así se roban la tierra en Colombia.
Y por ello, invita a estudiantes y profesores a que lo lean y divulguen las
ideas y denuncias allí plasmadas, por cuanto refieren a hechos y asuntos
públicos que comprometen no solo la seguridad alimentaria del país, la
subsistencia del campesinado, sino al propio Estado en su rol garante de lo
público, gravemente afectado por las acciones jurídicas emprendidas por
poderosos agentes privados.
Así se roban la
tierra en Colombia es el título del libro que recién
publica Wilson Arias Castillo, quien por esta época aspira a llegar al Senado
de la República.
El texto en
cuestión constituye una pieza investigativa de enorme valor político y
periodístico e incluso, tendría que servir como prueba a las investigaciones
que la Fiscalía General de la Nación debería de adelantar, en el contexto de un
proceso disciplinario y penal que se ha dilatado en el tiempo, debido a la
débil institucionalidad estatal y al poder intimidatorio de las familias y
firmas que se apoderaron de manera irregular de baldíos en la altillanura
colombiana.
El libro de Arias
Castillo tiene un carácter de denuncia pública alrededor de unos hechos que el
grueso de la población colombiana quizás ignore, porque los pocos registros
periodísticos que se dieron en torno a los hechos denunciados, no sirvieron para elevarlos a un asunto
público de indiscutible importancia, trascendencia y relevancia.
En tres acápites,
Wilson Arias soporta sus denuncias en los documentos oficiales recogidos, al
tiempo que ubica las acciones emprendidas por empresas multinacionales, nacionales
y poderosas familias, en un complejo contexto internacional en el que aparecen
el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, instituciones que de
manera directa e indirecta aúpan los procesos de concentración de la tierra, la
modernización del campo y el crecimiento urbanístico en las condiciones propias
de un Estado privatizado como el colombiano, que actúa en función de los intereses de poderosos particulares.
En el texto se lee:
“…este libro presenta una mirada del
contexto internacional de la <<fiebre por la tierra>>, resaltando
los actores que participan de dicha dinámica y la manera como se inserta la agricultura del Siglo XXI,
propuesta por el gobierno de Juan Manuel Santos. La premisa fundamental de esta
visión es que el Estado debe estar en función de las necesidades de los
inversionistas” (Arias, 2017; p.11).
En el primer capítulo,
intitulado Contexto internacional,
fiebre por la tierra, el autor llama la atención sobre las compras masivas
de tierras por parte de “multinacionales
agrícolas, gobiernos, fondos privados financieros y fondos de pensiones, entre
otros”(Arias, 2017; p.13), todos agentes que encontraron en Colombia las
condiciones para acaparar tierras baldías, aprovechando la precariedad de las
instituciones del Estado, la ineficiencia, ineficacia o el generalizado
desinterés de organismos de control y de investigación como la Fiscalía, para
vigilar de cerca las actuaciones de poderosos particulares que, de disímiles
maneras, manipularon las normas y violaron las leyes en y para su propio
beneficio.
Arias señala al
respecto que “este fenómeno global
encontró en Colombia dos factores claves para su desarrollo. De un lado, una
región con características que la hacen atractiva para dinámicas globales de
acaparamiento y por otra parte, un modelo de política pública que coincide
ampliamente y promueve este tipo de inversiones” (Arias, 2017; p. 15).
El político
vallecaucano advierte sobre los alcances de lo que se conoce como la
agricultura del siglo XXI, que no solo representará la desaparición de la
figura del campesino, sino que coadyuvará en buena medida a consolidar regiones
ambientalmente insostenibles debido al modelo de plantación que se propone
imponer en la altillanura colombiana y que no es más que el correlato del viejo
latifundio y las prácticas propias de la agroindustria cañera y palmicultora.
En la publicación
se lee lo siguiente: “Así, la agricultura
del Siglo XXI considera que el sector privado debe hacer las inversiones, y el
Estado debe hacer todos los esfuerzos que estén a su alcance para que ellos
hagan su labor. La locomotora del agro de Santos coincide con la denominada
Agricultura del Siglo XXI. Una agricultura <<moderna>>, donde se
prioriza la escala de producción, en grandes volúmenes de inversión, con una
pretendida sostenibilidad ambiental y donde los pequeños productores (ya no
denominados campesinos) <<solo pueden subsistir>> en el campo si se
asocian con grandes inversionistas” (Arias, 2017; p. 15).
Una vez expuesto
ese marco contextual y axiológico, el autor ubica y le explica al lector qué es
eso de la altillanura colombiana, para posteriormente denunciar a los
acaparadores que, en una suerte de un fino ethos
mafioso, burlaron la ley y debilitaron la ya precaria institucionalidad
estatal, con acciones jurídicas que claramente dan cuenta de para qué es el
Poder.
El ex congresista
Arias Castillo dice en su texto, que “la
región de la Orinoquia está comprendida por los departamentos del Meta, Arauca,
Casanare, Guainía, Guaviare y Vichada. Dentro de esta hay una subregión conocida como la Altillanura, que abarca 7
millones de hectáreas y comprende los
municipios de Puerto López, Puerto Gaitán y Mapiripàn en el departamento del
Meta, y Santa Rosalía, La Primavera, Cumaribo y Puerto Carreño en el Vichada.
Los casos de acaparamiento de tierras investigados y presentados ante la
opinión pública se circunscriben a esta región” (Arias, 2017; p. 20).
La región a la que
se alude, es de un enorme potencial por
la disponibilidad del agua, la presencia del solo durante todo el año, las
condiciones planas y otros elementos que acercan a quienes hoy acaparan
grandes extensiones de esa tierra, al mercado inmobiliario, sector
económico altamente especulativo.
Pero Arias no solo
denuncia con nombres propios a empresas multinacionales, nacionales y miembros
de familias con enorme poder económico y político. Por el contrario, el autor
del libro Así se roban la tierra en
Colombia señala con claridad las acciones y decisiones de política
pública adoptadas por el Gobierno de Juan Manuel Santos entre el 2010 y el
2018. En el texto se lee: “Diferentes
propuestas normativas se han planteado” para dar cuenta de las exigencias
que los agentes privados le han hecho al actual Gobierno. El “derecho
de superficie, los Bonos agrarios y la política forestal y agua y la seguridad
jurídica” constituyen acciones de política pública, en el marco de un
Estado que prácticamente se puso al servicio de los mezquinos intereses de unos
muy particulares agentes privados (Arias, 2017; p. 30 y 31).
En el segundo
acápite del libro, el autor registra los casos de acaparamiento de tierras en
la altillanura, analizados en el periodo legislativo 2010-2014. En cuadros muy
bien dispuestos, Arias Castillo describe las empresas a través de las cuales
agentes económicos se apoderaron de tierras baldías en la altillanura, las
mismas que por ley deben entregarse a familias campesinas con un objetivo
claro: asegurar la supervivencia del campesinado y por esa vía garantizar la
seguridad alimentaria de todos los colombianos.
En la relación de
los agentes acaparadores de tierras aparece la familia Sarmiento Angulo y el
Grupo Corficolombiana. Las empresas Mavalle, Unipalma e Ingenio Sicarare hacen
parte de los procedimientos y las acciones jurídicas y de hecho emprendidas por
la poderosa familia del banquero colombiano. Las hectáreas suman 28.900, cifra
que confirma no solo el particular acaparamiento, sino que expone el
ignominioso indicador de Gini que oscila entre 0,89 y 0.93, siendo 1 el límite
con el que se indica la mayor concentración de tierra, para este caso.
En la misma
relación aparece la familia Eder, del Grupo Manuelita, con 37 mil hectáreas. De
igual manera, aparece el núcleo familiar Santa Domingo y el Grupo Valorem, con
5.500 hectáreas. Y el grupo Aliar
(Sindicato Antioqueño) con más de 40 mil hectáreas.
En el listado de
multinacionales se reseñan al Grupo
Mònica del Brasil, con 7 empresas
que, según se lee en el libro de Arias, suman 13 mil hectáreas. A renglón
seguido aparece Cargill con 25 mil Ha y el principal accionista de Avianca,
Germán Efremovich y el Grupo Sinergy, con 8.000 hectáreas aproximadamente.
En lo denunciado
por el autor, aparece Riopaila Castilla. Arias dice lo siguiente: “El caso Riopaila muestra cómo el acaparamiento
de tierras en la Altillanura no ha sido responsabilidad exclusiva de actores
extranjeros. También se han visto inmiscuidos empresarios colombianos, algunos
con larga trayectoria en actividades agroindustriales, que buscando ampliar su
portafolio de negocios decidieron invertir en esa región. Este hecho confirma
la gravedad de la concentración de la tierra en la Altillanura: las mismas
empresas, los mismos apellidos que han copado las mejores tierras del
suroccidente del país, como las del Valle del Cauca, pretenden quedarse también
con la última frontera agrícola… Este ingenio azucarero adquirió cerca de 34
mil hectáreas en el departamento del Vichada, en el proyecto conocido como
Veracruz, para la siembra de palma de aceite y cereales” (Arias, 2017; p.
49).
Arias Castillo no
solo relaciona a estas empresas y familias, al igual que a otras, sino que
señala las cuantías de dinero que, a título de subsidios, recibieron del Estado
colombiano. De igual manera, Arias detalla las argucias legales a las que apelaron
estas firmas y familias para hacerse con las tierras baldías en la altillanura.
En todo este
proceso de concentración de la tierra a través de sinuosos caminos jurídicos
aparecen sospechosa omisiones como la denuncia y enuncia en su libro Wilson Arias
Castillo. En particular, refiere a la omisión del Gobierno de Uribe Vélez
frente al caso del grupo Mónica Colombia. En el libro se lee: “Por ejemplo, en
carta enviada el 27 de marzo de 2009 al entonces Presidente de la República
Álvaro Uribe Vélez, el representante legal de Mónica Semillas, Ricardo
Cambruzzi, contaba lo siguiente: “Se
conformó el grupo empresarial Mónica Colombia con otras seis empresas
subordinadas. En síntesis, inversionistas nacionales o foráneos con capacidad
de explotar grandes extensiones se ven limitados porque no pueden adquirir
terrenos que sobrepasen la mensura
establecida en hectáreas para la UAF[2].
Este solo hecho desestimula la inversión, pues hace necesario recurrir a la
creación de muchas sociedades, para poner en cabeza de socios o terceros, cada
UA que se adquiere para plasmar proyectos agrícolas” (Arias, 2017; p. 43).
Estamos pues, ante
semejante omisión presidencial, el auto cuenta que se elevó la denuncia
correspondiente en la Comisión de Acusaciones o de Absoluciones de la Cámara de
Representantes, en donde duerme el sueño de los justos.
Y en el tercer
acápite o capítulo, intitulado Política
de tierras en el post-acuerdo, Arias
Castillo analiza y cuestiona los alcances de lo acordado entre las Farc-Ep y el
Gobierno de Santos, en el marco de lo que se conoce el Acuerdo Final II
(versión firmada en el teatro Colón de Bogotá).
Los cuestionamiento
que hace el autor de Así es como se
roban la tierra en Colombia, comienzan con la ley Zidres[3]
se presentan en este sentido: “Dentro de
nuestras principales preocupaciones y críticas en contra de esta figura se encuentran: i) que el gobierno eliminó el
régimen de baldíos de la nación para
responder a exigencias como las planteadas
por la multinacional Mónica Semillas, que veían en la UAF una <<traba
burocrática>>; ii) por otra parte, se concentrará en mayor medida la
propiedad y el uso de la tierra, en un país que de lejos es de los más
desiguales del mundo con un Gini que ronda el 0,9 yiii) complementario a lo
anterior, se modificará el ordenamiento del territorio en función de los
intereses corporativos de compañías que… buscan expandirse y acaparar no sólo tierras, fuentes
hídricas y bienes públicos, sino que con
las Zidres lograron legalizar las acumulaciones expuestas, y podrán
expandirse y ampliar el tamaño de sus
emprendimientos, ahora con la entrega de tierras por parte del Estado”
(Arias, 2017; p. 83).
Arias Castillo deja entrever sus dudas
alrededor de lo que se negoció en La Habana en materia de acceso a la tierra,
en el marco del punto de Reforma Agraria Integral. Se colige de lo planteado en
el libro, que al parecer el Secretariado de las Farc terminó aceptando una
negociación que en materia de tierras y reforma agraria integral poco o nada
beneficia a los campesinos por los que dijeron sostener su lucha armada por más de 50 años; y por el contrario, lo
negociado y lo aceptado después de firmado el Acuerdo Final, ya se sabe que
beneficia y beneficiará a los grandes capitales, familias y empresas
interesadas en imponer el modelo de las grandes plantaciones y por esa vía,
eliminar, simbólica y físicamente a los campesinos colombianos, convirtiéndolo
en empobrecidos jornaleros.
Insisto en que el
libro de Arias Castillo, en sus 93 páginas, constituye un buen ejemplo de
seguimiento y análisis a un fenómeno como el de la concentración ilegal de la
tierra en pocas manos. Con ejemplos bien documentados, el autor señala y acusa
a poderosas multinacionales, empresas nacionales y sus filiales, como a
miembros de “prestigiosas” familias, de
emprender maniobras sinuosas para arrebatarle a la Nación y a los
campesinos, los baldíos de la altillanura.
[1] Aunque
debí apelar a la expresión ¡zaz! para señalar el ruido que genera el zarpazo
que empresas y familias poderosas le dieron a la institucionalidad estatal y a
la Nación, con la apropiación ilegal de los baldíos, me decidí por la figura
empresarial SAS porque esta le ha servido a las empresas comprometidas y
denunciadas por Wilson Arias, como artificio para lograr apropiarse de grandes
extensiones de tierras baldíos de la altillanura.
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